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"El que tiene un derecho no obtiene el de
violar el ajeno para mantener el suyo".
José Martí.
Introducción
En esta charla voy a presentar en primer lugar una breve y necesaria revisión histórica y conceptual de algunas ideas tales como el copyright y los derechos de autor, que incluyen los derechos morales y patrimoniales, el de propiedad intelectual y piratería; así mismo, lo que hoy ha dado en llamarse el capitalismo cognitivo que se basa en los conceptos anteriores, y que a su vez está asociado con el fenómeno de la sociedad de la información o lo que prefiero llamar la informatización de la sociedad. Seguidamente, presentaré los riesgos y las evidentes amenazas que implican para el derecho a leer, no sólo la legislación actual sobre los derechos de autor o copyright, sino la vigilancia electrónica propia de la sociedad informatizada. Para esto me basaré en un cuento premonitorio de Richard Stallman y en una nota suya en la que afirma que su relato no es tanto de ficción sino de asuntos que ya están ocurriendo. En tercer lugar, plantearé que ante dicha amenaza al derecho a la lectura, inmediatamente han surgido movimientos sociales de oposición y resistencia, en los que se destaca especialmente el hacktivismo de los nativos digitales, y sus emprendimientos libertarios y creativos, entre los que se cuentan las licencias Copyleft y Creative Commons para las creaciones culturales en el entorno digital. Finalmente, expresaré cómo esta dinámica cibercultural emergente resignifica y reorienta el papel social de los autores, educadores y bibliotecarios.
1. Revisión histórica y conceptual
Vamos a empezar por definir al autor como el productor material de una obra que da a conocer a otra instancia empírica, es decir, a una lector para el caso de la creación escrita, bajo unas formas históricas y materiales de producción, edición, distribución, publicidad, etc. Lo interesante de este asunto es que tales formas históricas y materiales cambian con las sociedades y sus culturas. Así por ejemplo, en la era moderna gracias a la imprenta se pudo alcanzar un alto grado de copia y distribución de las obras, hecho que puso en escena la necesidad de proteger a los impresores y las grandes inversiones económicas que éstos hacían en su negocio. De allí surgió el copyright, que literalmente significa el derecho de copia, y que le daba a los impresores el derecho exclusivo de copiar los libros que adquirían de los autores. Este concepto de copyright nació en el siglo XVIII en Inglaterra y después se llevó a la legislación de Estados Unidos de América, por eso se lo conoce como la versión anglosajona de los derechos de propiedad comercializables, es decir, el autor no es más que un contratista o asalariado que depende de los impresores, quienes deciden qué publicar o no, según el interés de la ganancia y no por las cualidades literarias o artísticas de la obra.
Casi al mismo tiempo, se crea en Europa la legislación de derechos de autor, también conocida como la versión continental, que distingue entre derechos patrimoniales (que se refieren a la explotación comercial de la obra), los derechos morales (vinculados al autor de manera permanente e irrenunciable), y los derechos conexos (que protegen a los traductores, editores, productores, etc.).
Como un derecho fundamental plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y patrimoniales que le corresponden por la producción de sus obras. Sin embargo, los derechos patrimoniales, es decir, los relacionados con el mercado de la cultura, han sido usurpados por quienes controlan las formas materiales de producción, edición, distribución y publicidad de las obras. Se aduce que los intermediarios, llámense editores, libreros, comercializadores, productores, etc., tienen un sentido más eficiente y eficaz del negocio que los mismos creadores, incluso muchos autores lo aceptan, y se dice también que los autores salen beneficiados de esta dependencia y subordinación económica a la que se someten. Además se ha llegado a decir que esta extraña relación autor-editor mejora la calidad de las obras y que, en últimas, el autor no sería nadie sin el editor. Pero todo esto es una falacia, una falsa ideología que sólo busca sostener unas relaciones comerciales entre autor y editor que no son más que un engaño amparado por la legislación de derechos de autor. Afirmo, entonces, que hablar de derechos de autor como un concepto genérico que protege los derechos de los autores es una falacia, porque las leyes de derechos de autor y el copyright a los que protegen realmente es a quienes poseen los derechos patrimoniales de las obras, es decir, a los editores y comercializadores de las obras, y no están diseñadas propiamente para beneficiar a los autores, aunque en algunos casos exitosos esto tal vez aplique, sino para que los editores estén protegidos por una ley que les permite arrebatarle los derechos de reproducción y divulgación de las obras a sus autores.
Esto lo podemos evidenciar, por ejemplo, en la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, en su artículo 76 que reza:
“Los autores de obras científicas, literarias o artísticas y sus causahabientes tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:
A. La edición, o cualquier otra forma de reproducción;”
Lo que uno puede interpretar es que el comerciante de obras le dice al autor: “usted tiene el derecho de autorizar la edición y/o reproducción, es decir, de ceder o vender sus derechos patrimoniales sobre la obra, pero si no lo hace, no publica, porque yo poseo los medios”. Y entonces ahí vienen las famosas memes que se nos han inculcado desde los mismos medios de comunicación y desde la institucionalidad: “publicar o morir”, o “el que no publica no existe”, o “conocimiento que no se publica no existe”. Y se insiste en que ese el único camino para divulgar la obra.
Esto se evidencia en el hecho de que una insignificante minoría de autores vive de sus obras. La mayoría de los creadores culturales tienen que subsistir o ganarse la vida recurriendo a lo que ellos mismos llaman un “segundo oficio”. La condición social del artista o del escritor es la del doblemente explotado. Poetas y músicos que se ganan la vida como celadores, novelistas que sobreviven como periodistas o catedráticos circulares, de universidad en universidad, pintores que trabajan como aseadores, y un largo etcétera que no es necesario detallar aquí.
Ahora bien, como hoy en día las condiciones históricas y materiales han cambiado radicalmente gracias a los veloces desarrollos de las tecnologías digitales de información y comunicación, observamos que quienes ostentan el control de los medios de reproducción y comercialización de las expresiones de la cultura se han puesto en una situación de crisis, que los ha llevado a presionar a los mecanismos estatales de control para que hagan efectivas las leyes de protección de lo que ellos llaman propiedad intelectual.
Este concepto de propiedad intelectual también conduce a muchas equivocaciones. Aquí quiero traer la aclaración que hace Richard Stallman sobre el asunto:
“A los editores y abogados les gusta describir al «copyright» como «propiedad intelectual»: una expresión en la que también incluyen patentes, marcas registradas y otras partes más oscuras de la ley. Estas leyes tienen tan poco en común, que es una imprudencia generalizar sobre ellas. Es mejor hablar específicamente de «copyright», de «patentes» o de «marcas registradas».
La expresión «propiedad intelectual» conlleva una asunción oculta: que la forma más normal de pensar respecto a todas estas cuestiones dispares es análoga a pensar en objetos físicos y en nuestras ideas de propiedad física.
Respecto a la copia, esta analogía descuida la diferencia crucial entre objetos materiales e información: la información puede copiarse y compartirse casi sin esfuerzo, mientras que los objetos materiales no. Por ello, basar tu pensamiento en esa analogía equivale a ignorar la diferencia antes mencionada (...).
Si no quiere limitarse a esta forma de pensar, es mejor evitar la expresión «propiedad intelectual» en sus palabras y pensamientos.
Hablar de «propiedad intelectual» es también una generalización imprudente. Esta expresión es un cajón de sastre en el que se mezclan diversos sistemas legales diferentes, incluyendo copyrights, patentes, marcas registradas y otros, que tienen muy poco en común. Estos sistemas legales, que se originaron por separado, regulan actividades distintas, operan de distinta manera y plantean distintas cuestiones políticas. Generalmente, cada vez que aprenda algo sobre las leyes de copyright irá bien encaminado cuando suponga que no puede aplicarse a las leyes de patentes, ya que eso es lo que ocurre casi siempre.
Puesto que estas leyes son tan distintas, la expresión «propiedad intelectual» es una invitación a pensar simplistamente. Lleva a la gente a centrarse en un solo y pobre aspecto común a estas leyes dispares (que es que se establecen monopolios que pueden comprarse y venderse) y hace que ignoren su esencia, todas las restricciones que imponen al público y las consecuencias que provocan. En un contexto tan impreciso, ni siquiera se pueden apreciar los asuntos específicos sobre política pública que plantean las leyes de copyright, o los diferentes asuntos suscitados por las leyes de patentes, o por cualquiera de las otras. Así, cualquier opinión sobre «propiedad intelectual» será casi seguramente una estupidez.
Si quiere pensar con claridad en las cuestiones que plantean las patentes, el copyright y las marcas registradas, o incluso aprender qué dictan estas leyes, el primer paso consiste en olvidarse de que alguna vez oyó la expresión «propiedad intelectual» y tratar todos los asuntos de forma independiente. Para dar una información clara y fomentar un pensamiento lúcido, nunca hable o escriba sobre «propiedad intelectual»; en vez de eso, exponga el tema de manera concreta sobre el copyright, las patentes o cualquier otra ley específica a la que se esté refiriendo”.
En ese mismo sentido, habrá que referirse al concepto de piratería. Vuelvo a citar a Richard Stallman:
“Los editores frecuentemente se refieren a la copia prohibida como «piratería». De esta forma, expresan de manera implícita que hacer copias ilegales es éticamente equiparable a atacar barcos en alta mar, secuestrar y asesinar a la gente que viaja en ellos.
Si no cree que la copia ilegal sea como secuestrar y asesinar, quizás prefiera no usar la palabra «piratería» para describirla. Expresiones neutrales como «copia prohibida» o «copia no autorizada» pueden utilizarse perfectamente en su lugar. Incluso algunos de nosotros podríamos preferir utilizar una expresión positiva tal como «compartir información con tu vecino»”.
Los actos de copia ilegal o copia no autorizada o de infracción al derecho de autor, se denominan piratería como metáfora del robo de la propiedad del otro, que era lo que hacían durante siglos los piratas en el mar. Pero ahora se utiliza de forma equívoca para estigmatizar el acto de compartir información, en un contexto como el actual en el que, como veremos enseguida, la esencia de la generación de conocimiento es precisamente que la información pueda estar accesible para quienes la necesiten y, ciertamente, los costos de disponibilidad son cada vez menores. En el prólogo al libro Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva, Emmanuel Rodríguez y Raúl Sánchez, expresan lo siguientes al respecto:
“En la medida en que la digitalización y el abaratamiento de los costes de reproducción es tendencialmente cero, la difusión potencial de los mismos es tan grande que hace materialmente posible una completa libertad de acceso. Por otra parte, la propia difusión de este tipo de bienes proporciona un valor de uso añadido que deriva de las posibles espirales de creaciones derivadas o en otras palabras, de que su socialización incorpore el bien informacional como rutina y lenguaje común de nuevos usos y de otras creaciones”.
Y es esta precisamente la nueva esfera del mundo contemporáneo, que es el de las sociedades informatizadas. Las TIC han entrado y colonizado prácticamente todos los aspectos de la vida de los seres humanos y, por supuesto, han planteado nuevas formas de organización social, política y económica que, aunque nacientes, ya percibimos en muchos asuntos de nuestra vida cotidiana.
Por eso, al hablar de capitalismo cognitivo nos referimos a la transformación del sistema económico basado en el mercado de bienes y productos propios de la era industrial, en un nuevo sistema económico centrado en el conocimiento. De esta manera, el conocimiento se convierte en la fuerza productiva central, por lo que las capacidades intelectuales y lo que hoy se denominan las inteligencias colectivas se convierten en el principal recurso económico y en capital más importante del sector empresarial. Los casos de los grandes imperios de las industrias culturales del software, del entretenimiento o de los medios de comunicación, evidencian la existencia de este nuevo sistema capitalista cognitivo, basado en la economía del conocimiento, en la generación de valor a partir de la producción intelectual, es decir, el conocimiento adquiere un valor de uso para los usuarios y la sociedad, gracias al control que permiten las TIC.
Enzo Rullani, en el libro que acabo de citar, nos devela la gravedad de este asunto:
“El valor de cambio del conocimiento está entonces enteramente ligado a la capacidad práctica de limitar su difusión libre, es decir, de limitar con medios jurídicos —patentes, derechos de autor, licencias, contratos— o monopolistas la posibilidad de copiar, de imitar, de «reinventar», de aprender conocimientos de otros. En otros términos: el valor del conocimiento no es el fruto de su escasez —natural—, sino que se desprende únicamente de limitaciones estables, institucionalmente o de hecho, del acceso al conocimiento” (p. 102).
Este sistema está sustentado en lo que ha sido llamado la sociedad de la información o del conocimiento. Básicamente se explica en el sentido en que son los flujos de información y la capacidad de producción de conocimiento los que producen riqueza, y esto justifica entonces el imperativo de realizar grandes inversiones económicas en, por una parte, infraestructura tecnológica y, por otra, de formación profesional para trabajar en ambientes informatizados. Sin embargo, considero que es muy ingenuo, especialmente en nuestro contexto sociocultural, decir que estamos en una sociedad de la información o del conocimiento, porque apenas estamos y tal vez seguiremos estando por mucho tiempo, en una fase de informatización de nuestro mundo local. De los más de diez millones de colombianos de los que se dice que tenemos acceso a Internet, los niveles de analfabetismo digital e informacional podrían pasar del 80%. Es decir, la capacidad de apropiación significativa de las tecnologías informáticas para la producción de conocimiento propio es muy poca y así seamos uno de los países latinoamericanos con mayor conectividad, esto sólo nos está sirviendo para ser más consumidores de tecnologías y de información, pero no está solucionando nuestros problemas reales. Así los indicadores de conectividad sean muy satisfactorios, esta infraestructura tecnológica no nos sirve para nada si no tenemos nada que decir o que crear, si no tenemos nada que aportar a la generación de conocimiento sobre nosotros mismos y nuestros problemas. Es por esto que prefiero hablar de un proceso de informatización de la sociedad, detrás del cual hay muchos intereses económicos y políticos, fundamentalmente económicos, de las grandes corporaciones que producen estas tecnologías (Intel, IBM, Microsoft, HP, Oracle, etc.), y otras grandes industrias culturales que, amparados por la legislación del copyright y de los derechos de autor se apropian de la información para cobrar y restingir el derecho de uso o de acceso a la información.
2. El derecho a leer amenazado
Me voy a permitir leer el siguiente cuento de Richard Stallman, titulado “El derecho a leer”, y su posterior comentario, que de una buena forma sintetizan la problemática a la que nos enfrentaremos en los próximos años.
El derecho a leer
por Richard Stallman
Este artículo fue publicado en el número de febrero de 1997 de Communications of the ACM (Vol. 40, Número 2).
(de "El camino a Tycho", una colección de artículos sobre los antecedentes de la Revolución Lunar, publicado en Luna City en 2096)
Para Dan Halbert el camino a Tycho comenzó en la universidad, cuando Lissa Lenz le pidió prestado su ordenador. El de ella se había estropeado, y a menos que pudiese usar otro reprobaría su proyecto de fin de trimestre. No había nadie a quien se atreviera a pedírselo, excepto Dan.
Esto puso a Dan en un dilema. Tenía que ayudarle, pero si le prestaba su ordenador ella podría leer sus libros. Dejando de lado el riesgo de ir a la cárcel durante muchos años por dejar a otra persona leer sus libros, la simple idea le sorprendió al principio. Como a todo el mundo, se le había enseñado desde la escuela primaria que compartir libros era algo malo y desagradable, algo que sólo los piratas harían.
Además, no había muchas posibilidades de que la SPA (la "Software Protection Authority", o Autoridad de Protección del Software), no lo descubriese. En sus clases de programación Dan había aprendido que cada libro tenía un control de copyright que informaba de cuándo y dónde fue leído, y quién lo leía, a la oficina central de licencias (usaban esa información para descubrir piratas, pero también para vender perfiles personales a otras compañías). La próxima vez que su ordenador se conectase a la red, la oficina central de licencias lo descubriría. Él, como propietario del ordenador, recibiría el castigo más duro, por no tomar las medidas adecuadas para evitar el delito.
Lissa no necesariamente pretendería leer sus libros. Probablemente lo único que ella necesitaba era escribir su proyecto. Pero Dan sabía que ella provenía de una familia de clase media que a duras penas se podía permitir pagar la matrícula, sin pensar en las tasas de lectura. Leer sus libros podía ser la su única forma de terminar la carrera. Entendía la situación; él mismo había pedido un préstamo para pagar por los artículos de investigación que leía (el 10% de ese dinero iba a parar a los autores de los artículos, y como Dan pretendía hacer carrera en la universidad, esperaba que sus artículos de investigación, en caso de ser citados frecuentemente, le dieran los suficientes beneficios como para pagar el crédito).
Más tarde, Dan descubrió que hubo un tiempo en el que todo el mundo podía ir a una biblioteca y leer artículos, incluso libros, sin tener que pagar. Había investigadores que podían leer miles de páginas sin necesidad de becas de biblioteca. Pero desde los años 90 del siglo anterior, tanto las editoriales comerciales, como las no comerciales, habían empezado a cobrar por el acceso a los artículos. En el 2047, las bibliotecas de acceso público eran sólo un vago recuerdo.
Había formas de evitar los controles de la SPA y la oficina central de licencias, pero también eran ilegales. Dan había tenido un compañero de su clase de programación, Frank Martucci, que consiguió un depurador ilegal, y lo usaba para evitar el control de copyright de los libros. Pero se lo contó a demasiados amigos, y uno de ellos lo denunció a la SPA a cambio de una recompensa (era fácil tentar, para traicionar a sus amigos, a estudiantes con grandes deudas). En 2047 Frank estaba en la cárcel; pero no por pirateo, sino por tener un depurador.
Dan supo más tarde que hubo un tiempo en el que cualquiera podía tener un depurador. Incluso había depuradores libremente disponibles en la red. Pero los usuarios normales empezaron a usarlos para saltarse los controles de copyright, y finalmente un juez dictaminó que ese se había convertido en su uso práctico. Eso quería decir que los depuradores eran ilegales y los programadores que los habían escrito fueron a parar a la cárcel.
Obviamente, los programadores necesitan depuradores, pero en el 2047 sólo había copias numeradas de los depuradores comerciales, y sólo disponibles para programadores oficialmente autorizados. El depurador que Dan había usado en sus clases de programación estaba detrás de un cortafuegos para que sólo se pudiese utilizar en los ejercicios de clase.
También se podía saltar el control de copyright instalando un núcleo del sistema modificado. Dan llegó a saber que hacia el cambio de siglo había habido núcleos libres, incluso sistemas operativos completos. Pero ahora no sólo eran ilegales, como los depuradores: no se podía instalar sin saber la clave de root del ordenador, cosa que ni el FBI ni el servicio técnico de Microsoft te darían.
Dan llegó a la conclusión de que simplemente no podía dejarle su ordenador a Lissa. Pero no podía negarse a ayudarle, porque estaba enamorado de ella. Cada oportunidad de hablar con ella era algo maravilloso. Y el hecho de que ella le hubiese pedido ayuda podría significar que sentía lo mismo por él.
Dan resolvió el dilema haciendo algo incluso más increíble, le dejó el ordenador, y le dijo su clave. De esta forma, si Lissa leía sus libros, la oficina central de licencias pensaría que quien estaba leyendo era él. Seguía siendo un delito, pero la SPA no lo detectaría automáticamente. Sólo podrían saberlo si Lissa lo denunciaba.
Si la universidad descubriese que le había dado su clave a Lissa significaría la expulsión para los dos, independientemente de para qué hubiese usado ella la clave. La política de la universidad era que cualquier interferencia con sus métodos de control sobre el uso de los ordenadores era motivo para una acción disciplinaria. No importaba si se hubiera hecho o no algún daño, el delito era el hecho de dificultar el control. Se asumía que esto significaba que se estaba haciendo algo prohibido, y no necesitaban saber qué.
En general los estudiantes no eran expulsados por eso -no directamente-. En su lugar se les prohibía el acceso a los ordenadores de la universidad, lo que inevitablemente significaría reprobar todas sus asignaturas.
Dan supo más tarde que ese tipo de políticas en la universidad empezaron en la década de 1980, cuando los estudiantes comenzaron a usar ordenadores masivamente. Antes de eso, las universidades tenían una actitud diferente: sólo se penalizaban las actividades dañinas, no las que eran meramente sospechosas.
Lissa no denunció a Dan a la SPA. Su decisión de ayudarle llevó a que se casasen, y también a que cuestionasen lo que les habían enseñado cuando eran niños sobre el pirateo. Empezaron a leer sobre la historia del copyright, sobre la Unión Soviética y sus restricciones sobre las copias, e incluso sobre la constitución original de los Estados Unidos. Se mudaron a Luna, donde se encontraron con otros que de la misma forma intentaban librarse del largo brazo de la SPA. Cuando empezó el Levantamiento de Tycho en 2062, el derecho universal a leer se convirtió en uno de sus objetivos fundamentales.
Nota del autor
Esta nota fue actualizada en 2002
El derecho a leer es una batalla que se está librando hoy en día. Nuestra forma de vida actual podría tardar 50 años en desvanecerse, pero muchas de las leyes y prácticas descritas más arriba ya han sido propuestas, o por la administración Clinton o por las editoriales.
Hasta hace poco había una excepción: la idea de que el FBI y Microsoft se guardaran las claves de root de los ordenadores personales, y no dejaran obtenerlas a los usuarios no fue propuesta hasta 2002. A esto se le llamó "computación confiable" o "palladium".
En 2001, el senador Hollings, apoyado financieramente por la Disney, propuso un proyecto de ley, llamado SSSCA, que requeriría que cada ordenador nuevo tuviera restricciones para efectuar copias, que los usuarios no podrían evitar. En la misma línea que la del chip Clipper y otras propuestas similares del gobierno de los EE.UU. sobre custodia de claves de encriptación, esta es una tendencia a largo plazo: los sistemas de ordenadores se configuran cada vez más para dar control sobre el ordenador a terceras partes en lugar de a las personas que realmente lo utilizan. La SSSCA ha sido llamada desde entonces la CBDTPA (denotando "Consume But Don't Try Programming Act", "Consume Pero Ni Intentes Programar").
En 2001 los EE.UU. comenzaron a intentar el uso del propuesto Tratado del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para imponer las mismas reglas en todos los países del hemisferio occidental. El ALCA es uno de los tratados llamados "de libre comercio" realmente diseñados para darles a las empresas mayor poder frente a los gobiernos democráticos; imponer leyes tales como la DCMA es típico de este espíritu. La Electronic Frontier Foundation le solicita a las personas que expliquen a esos gobiernos por qué deberían oponerse a tales planes.
La SPA, que realmente significa "Software Publisher's Association" (Asociación de Editores de Software), ha sido reemplazada en este rol policíaco por la BSA, o "Business Software Alliance". Esta no es una fuerza policíaca, pero extraoficialmente actúa como si lo fuera. Utilizando métodos que recuerdan a la antigua Unión Soviética, invita a la gente a informar a sus compañeros de trabajo y amigos. En 2001 una campaña de terror de la BSA en Argentina realizó amenazas veladas de que aquellos que compartieran programas de ordenador terminarían siendo violados en prisión.
Cuando se escribió esta historia, La SPA estaba amenazando a pequeños proveedores de Internet (ISP) para que les permita controlar a sus usuarios. La mayoría de ellos cedieron al ser amenazados, ya que no podían costearse la pelea judicial en los tribunales (Atlanta Journal-Constitution, 1 Oct 96, D3). Al menos un ISP, "Community ConneXion" en Oakland CA, se negó a aceptar las presiones, y fue eventualmente demandado. La SPA luego retiró la demanda, pero obtuvo la DMCA ("Digital Millenium Copyright Act", o Ley del Copyright del Milenio Digital), la cual les dio el tipo de poder que buscaban.
Las políticas de seguridad descritas arriba no son imaginarias. Por ejemplo, un ordenador de una universidad del área de Chicago muestra el siguiente mensaje al conectarse al sistema (las comillas están en el original):
"Este sistema sólo puede ser utilizado por usuarios autorizados. Cualquier individuo que use esta sistema sin autorización, o excediendo su autorización está sujeto a ser monitorizado por el personal del sistema. Al controlar usuarios realizando actividades no autorizadas o durante el mantenimiento del sistema, las actividades de usuarios autorizados pueden ser monitorizadas. Cualquiera que use este sistema acepta expresamente tal monitorización y queda advertido de que si ese control revela posibles indicios de actividades ilegales o violación de las normas de la Universidad, el personal de mantenimiento del sistema puede proporcionar esas evidencias a las autoridades de la Universidad o a las fuerzas de seguridad".
Esta es una aproximación interesante a la Cuarta Enmienda: forzar a los usuarios a declinar por adelantado los derechos en ella contemplados1.
3. Alternativas
Pero, como históricamente ha sucedido, a todo imperio le viene su contraimperio. De esta manera, como respuesta a los proyectos de informatización y control de la sociedad adelantados por las corporaciones de las industrias culturales, surgen las vanguardias del software libre y del libre acceso a la información, que ponen la capacidad y los ideales de los hackers al servicio de la sociedad y, al crear nuevas comunidades de producción de herramientas técnicas y sociales de dominio público, emergen expresiones de autoorganización y crean modos innovadores de trabajo, de acceso a la información y de generación de conocimiento, basados en la cultura de la libre circulación de los saberes.
Así, presenciamos la emergencia de multitudinarias comunidades de lo que se conoce como nativos digitales y, entre estos, una generación que vive en el mundo de la tecnología, son los llamados Geek, sujetos caracterizados por una gran fascinación por la tecnología y la informática, apasionados por el conocimiento y motivados por la diversión y/o por el reconocimiento que conlleva compartir lo que saben y lo que hacen.
Entre las muchas cosas que están haciendo estos nativos digitales, encontramos su actitud de resistencia y oposición a la idea, para ellos obsoleta, de que quien posee la información tiene el poder, y actúan compartiendo y distribuyendo la información en cuanto la reciben, como diciendo: “compartir el conocimiento es poder”. Esta forma diferente de relación con la información ha posibilitado movimientos de activistas que se oponen al control y explotación indiscriminado e injusto del conocimiento. Y entre estos, para referirnos específicamente al problema del derecho a leer o al acceso a la información, se han creado las licencias Copyleft y Creative Commons.
El Copyleft o copia permitida, es un tipo de licencia que elimina las restricciones de distribución o modificación que impone el copyright, con la condición de que el trabajo derivado se mantenga con el mismo régimen de derechos de autor que el original. Esto quiere decir, como lo plantea Richard Stallman, que adonde vaya la obra la libertad va con ella. Además, aplica para cualquier tipo de producción creativa. Garantiza una mayor libertad para que cada receptor de una copia, o una versión derivada de un trabajo, pueda, a su vez, usar, modificar y redistribuir tanto el propio trabajo como las versiones derivadas del mismo. Sin embargo, este tipo de licencia para las obras literarias o artísticas puede ser aplicado parcialmente, es decir, que permite la copia y distribución pero no su modificación, o puede permitir la modificación de algunos apartados, por ejemplo. En la Wikipedia se lee que “Aunque el copyleft no es un término reconocido por la ley, sus defensores lo ven como una herramienta legal en un debate político e ideológico sobre las obras intelectuales. Algunos ven en el copyleft un primer paso para suprimir cualquier tipo de ley relacionada con el copyright”. Este tipo de licencias que son la base principalmente del movimiento del software libre y de la documentación libre, han generado polémicas muy importantes que vale pena seguir, sin embargo, lo interesante del asunto es que nos permite observar cómo están cambiando las mentalidades sobre lo que se hace y se produce en el nuevo entorno digital.
De otra parte tenemos las licencias Creative Commons (Bienes comunes creativos). Lawrence Lessig, abogado especialista en ciberderecho y profesor de la Universidad de Stanford, la misma de donde salieron los creadores del movimiento Open Source, creó la ONG Creative Commons para ayudar a reducir las barreras legales de la creatividad. La idea principal es posibilitar un modelo legal ayudado por herramientas informáticas para facilitar la distribución y el uso de contenidos para el dominio público. Esta licencia le da al autor original el derecho a dar libertad para citar su obra, reproducirla, crear obras derivadas, ofrecerla públicamente y con diferentes restricciones como no permitir el uso comercial o respetar la autoría original. Las diferentes licencias Creative Commons se basan en combinar distintas propiedades. Estas propiedades son:
* Attribution (by): Obliga a citar las fuentes de esos contenidos. El autor debe figurar en los créditos.
* Noncommercial o NonCommercial (nc): Obliga a que el uso de los contenidos no pueda tener bonificación económica alguna para quien haga uso de esa licencia.
* No Derivative Works or NoDerivs (nd): Obliga a que esa obra sea distribuida inalterada, sin cambios.
* ShareAlike (sa): Obliga a que todas las obras derivadas se distribuyan siempre bajo la misma licencia del trabajo original.
Con este tipo de licencias nos damos cuenta de que existen distintas formas de circulación de la literatura, la información, el arte y la música, como alternativas a las restricciones impuestas por el copyright, y que es posible que los autores compartan algunos derechos con los demás, en el marco de lo que los nuevos fenómenos ciberculturales han generado bajo el lema de una cultura libre para todos, y de esta manera contar con la posibilidad de pasar realmente de una sociedad informatizada y una sociedad del conocimiento.
4. El papel de los autores, los educadores y los bibliotecarios
Entender que la cultura no es el ámbito en el que impera un pensamiento único, sino que es un campo de lucha en el que se debaten representaciones simbólicas diferentes y contradictorias, y que en medio de estas debemos tomar una postura que en últimas es política, es decir, que exige construir un discurso crítico propio y unas prácticas sociales trasformadoras acordes con nuestras necesidades y problemas por resolver. Esto implica conocer y ser parte activa en las nuevas dinámicas de la cultura digital que hoy estamos creando, repensar lo que estamos haciendo en la esfera de lo cultural y aprender lo que las nuevas generaciones están proponiendo para asegurar un futuro en el que el acceso a la información garantice unas relaciones sociales más justas y equitativas para todos.
Quiero terminar con esta sentencia de Richard Stallman que sintetiza mucho de lo que se propone aquí:
"Un buen ciudadano es aquel que colabora cuando es apropiado, no aquel que es exitoso cuando toma de otros".
Muchas gracias.
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